- Ecuador:20 de Noviembre de 2021
Mandato de las Mujeres Unidas en la Defensa de la Vida, frente a la política minera y petrolera
Ante la política de ampliación de la producción extractiva petrolera y minera del actual gobierno, mediante su Plan Nacional de Desarrollo (Plan de Creación de Oportunidades) y la expedición de los Decretos Ejecutivos 151, 95 y 165, LAS MUJERES DEFENSORAS DE LA NATURALEZA, RECHAZAMOS ESTA POLÍTICA POR INCONSTITUCIONAL E INCONSULTA, Y POR ATROPELLAR NUESTROS DERECHOS, NUESTROS TERRITORIOS Y NUESTRAS VIDAS.
Por esta razón demandamos a la Corte Constitucional que falle a favor de la demanda de inconstitucionalidad de los Decretos 151 y 95, presentados por la CONAIE, CONFENIAE y COICA.
Ante la situación de extrema vulneración de los derechos humanos, derechos de las mujeres, derechos colectivos y derechos de la naturaleza, ocasionados por los proyectos mineros y petroleros, a nivel de todo el país, y considerando que la Constitución y las normas internacionales de derechos humanos son de inmediato cumplimiento y aplicación, las mujeres defensoras de la Naturaleza, PRESENTAMOS AL GOBIERNO Y A LAS ENTIDADES ESTATALES Y DEL SISTEMA DE JUSTICIA, EL SIGUIENTE MANDATO.
Nacionalidad sapara, provincia de Pastaza
– Que se aplique la sentencia de la Corte de Justicia de Puyo que establece la devolución de la escritura del territorio ancestral sapara, ante la pretensión del Ministerio de Agricultura y Ganadería de despojar a este pueblo de más del 70% de su territorio. Así mismo que las instituciones del Estado respeten la autodeterminación del pueblo sapara para gobernarse por sí mismo.
– La anulación de los contratos petroleros con la empresa Andes Petroleum, por constituir un atentado contra la territorialidad sapara y contra la vida e integridad física y emocional de sus integrantes.
– Reparación integral por los daños sociales y ambientales ocasionados.
Pueblo Shuar Arutam, provincias de Morona Santiago y Zamora Chinchipe
– Exigimos que se suspendan, caduquen y extingan las concesiones y actividades mineras en territorio Shuar: la exploración avanzada de la empresa canadiense Solaris Resources, en la asociación Nunkui, centros Warints y Yawi; las actividades de exploración de la empresa Explorcobres, en el proyecto San Carlos Panantza; los estudios de exploración de las empresas Ecuasólidos y Soldgold, asentados en la Cordillera del Cóndor y en el bosque protector Kutukú y Shaime. Que se suspenda y audite, de manera independiente al proyecto Mirador, por los daños sociales y ecológicos producidos. Así mismo que se suspendan, caduquen y extingan las concesiones de la empresa Cero Yatsur, que afecta a la asociación Bomboisa, centro shuar San Luis de Yantsas. Que se archive el proyecto hidroeléctrico Río Santiago, en la provincia de Morona Santiago.
– Que las empresas se retiren de manera inmediata del territorio shuar y dejen de hostigar a las defensoras.
– Mantener al territorio del pueblo Shuar Arutam libre de explotación minera y respetar su estructura organizativa.
Comunidades indígenas kichwa y campesinas de la provincia de Napo
– Que la Asamblea fiscalice al Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica, por la adjudicación de ríos y fuentes de agua para la actividad minera de la empresa Terraearth localizada en el Parque Nacional Los Llanganates y en territorios indígenas y campesinos, y que se determine responsabilidades civiles, administrativas y penales por los daños y pasivos ambientales provocados.
– La reparación integral de los ríos destruidos y contaminados (Piatúa, Chimbiyacu, Piuculín, Jatunyacu, Piatúa, Chimbiyacu, Piuculín, Sapallo, Ansu, Napo, Jatunyacu).
– Exigimos que el retiro de la empresa minera TerraEarth Resources, que fue suspendida por la falta de Estudios de Impacto Ambiental (EIAs) licencias y otros incumplimientos de la normativa, y que se sancione a los funcionarios que permiten su funcionamiento ilegal.
– Que se extingan y caduquen las concesiones de las empresas que están en la provincia del Napo.
Comunidad Río Blanco, parroquia Molleturo, cantón Cuenca
– Exigimos que la Corte Constitucional se pronuncie de conformidad con las sentencias judiciales ganadas por la comunidad respecto a la suspensión del proyecto minero, en cuanto a la acción extraordinaria de protección presentada por el Ministerio del Ambiente. Que esta Corte no ceda a las presiones de la empresa. De igual manera, que las instancias judiciales que dictaron sentencias en favor de la comunidad, no cedan a las presiones mineras que intentan eliminar sus actuaciones.
– Que la Asamblea Nacional fiscalice el cumplimiento de los resultados de la consulta popular de Cuenca.
Comunidades de las parroquias de Buenos Aires, Cahuasquí y zona de Íntag, provincia de Imbabura
– Exigimos la suspensión, caducidad y extinción de los seis títulos mineros otorgados a la empresa australiana Hanrine, y su salida inmediata de la parroquia La Merced de Buenos Aires (zona de amortiguamiento de la Reserva Cotacachi-Cayapas y declarada Geoparque Mundial por la UNESCO). Así mismo, exigimos la salida inmediata de las empresas EMSA-E, CODELCO, SoldGold y BHP-Billiton, Cornestone, de la provincia de Imbabura.
– Existe un patrón de criminalización sistemática y de violencia institucional y hostigamiento mediático hacia las mujeres, en Buenos Aires, por lo que solicitamos a la Asamblea Nacional la resolución de amnistías en favor de más de treinta personas criminalizadas por la defensa del territorio. Denuncias presentadas por la empresa, trabajadores de la empresa y la Policía Nacional.
– Que la Policía Nacional respete el derecho a la resistencia de las y los defensores de Buenos Aires y las denuncias de la población sean aceptadas por el sistema de justicia y que se garanticen el acceso a la información pública.
– Que se agilite la nulidad de la acción de protección presentada por la empresa que autoriza el uso excesivo de la fuerza en contra de la población y crea nuevas funciones para la Policía Nacional.
– Que se integre al Sistema de Áreas Protegidas, al ACUS MIT (Intag- Toisán).
Comunidades de Pacto, provincia de Pichincha
– Exigimos que se suspendan y extingan y caduquen las concesiones mineras de las empresas mineras MelinaChango y Natural Resources, y la no construcción del proyecto hidroeléctrico “La Maravilla”, en la parroquia Nanegal.
– Que se integren en el Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP) a las Áreas de Conservación y Uso Sustentable del Distrito Metropolitano de Quito (ACUS) y el patrimonio cultural del extinto pueblo Yumbo. Igualmente, respetar la declaración de la UNESCO que califica al Chocó Andino de Pichincha, como Séptima Reserva de la Biósfera.
– Que la Corte Constitucional dé paso a la consulta popular sobre minería en el Distrito Metropolitano de Quito.
– Que se protejan las recargas hídricas de la Mancomunidad del Chocó Andino, que proveen de agua a todo el Distrito Metropolitano de Quito, evitando la minería en las mismas.
Comunidades de Telimbela, Las Naves, Echandía, Guanujo, Salinas, Chillanes, provincia de Bolívar
– Exigimos que se transparente la información sobre el número de concesiones en la provincia de Bolívar, nombres de los proyectos, titulares, superficies y ubicaciones. Y que se audite el procedimiento de adjudicación con la participación de las comunidades afectadas.
– Que se suspenda, extinga y caduquen los títulos mineros de las empresas Salazar Resources (Curimining S.A y Andes Drill) en Las Naves y Echeandía; y, Yankuang (en Telimbela) y Soldgold (en Chillanes) por inconsultos, y se restauren los ecosistemas y se reparen a las comunidades.
– Que se detenga el hostigamiento, la persecución, judicialización y criminalización a las personas que defienden los territorios.
– Que las fuerzas armadas y Policía se retiren del cantón Las Naves.
Pueblo Waorani, provincias de Pastaza, Orellana y Napo
– Exigimos que el Estado mantenga el área de amortiguamiento de la zona intangible Tagaeri-Taromenani, libre de explotación petrolera para la protección y garantía de la vida de los pueblos en aislamiento voluntario. El Estado debe ampliar las zonas intangibles hacia los lugares en que se movilizan los pueblos en aislamiento voluntario, los mismos que cuentan con protección internacional.
– La no explotación petrolera en el área intangible de la Reserva Faunística Cuyabeno, territorio siona, cofán y kichwa. Zona protegida constitucionalmente (Art. 407).
– No a la licitación de los bloques 84, 85, 86 y 87, que constituyen territorios sapara, shiwiar, kichwa, cuyos pueblos han rechazado rotundamente las actividades petroleras.
– Que no ingresen las empresas petroleras en contra de la voluntad de las comunidades (condicionando a la población con puestos laborales y obras) en los campos Intracampos I e Intracapos II, en Sucumbíos y Orellana.
– Que no se explote el campo 20, de crudo extra-pesado Pungarayacu, se respete el territorio de las comunidades kichwa y su derecho a la resistencia.
– No a la implementación de la tecnología de “Fracking”, que utiliza ingentes cantidades de agua para perforaciones petroleras profundas y genera catástrofes ambientales.
– No ampliar la extracción en campos maduros o en campos que ya están operando por la multiplicación de efectos negativos que implica, especialmente en la salud de la población con énfasis en mujeres.
– Que empresas y Estado respeten el derecho a la vida e integridad física y emocional, y el derecho a la resistencia de las poblaciones opuestas a las actividades extractivas.
– Exigimos que se realice una auditoría ambiental a los derrames ocurridos en los últimos diez años, previo a cualquier intento de ampliación de la frontera petrolera.
– Exigimos la reparación de todas las áreas afectadas por actividades petroleras y mineras.
– Solicitamos a la Asamblea Nacional, la fiscalización de los proyectos mineros y petroleros, así como a los Ministerios del Ambiente y de de Energía y Recursos Naturales No Renovables, por no respetar los derechos de la naturaleza ni los derechos de pueblos y comunidades.
– Igualmente, pedimos a la Asamblea, agilitar las resoluciones sobre pedidos de amnistías presentadas por organizaciones sociales, en favor de personas defensoras de derechos humanos y de la naturaleza, criminalizadas, a nivel nacional.
– Exigimos que se levante el estado de excepción porque vulnera las garantías ciudadanas y el ejercicio de derechos, entre estos los derechos a la libre expresión y resistencia, colocando en situación de mayor vulnerabilidad a las comunidades que defienden sus territorios frente a la intromisión extractivista empresarial.
– Las mujeres vamos a declarar estado de excepción en los territorios a las empresas mineras y petroleras.
SARAMANTA WARMIKUNA
DIRIGENCIA DE LA MUJER Y FAMILIA CONAIE
CONFEDERACIÓN DE JUNTAS DE DEFENSA DEL CAMPESINADO (NAPO)
FRENTE CANTONAL DE DEFENSA DEL AGUA, LA VIDA Y LA NATURALEZA (LAS NAVES-BOLÍVAR)
DEFENSORAS DE LA NATURALEZA DE LA PROVINCIA DE BOLÍVAR
BONARENSES UNIDOS PROTECTORES DEL ECOSISTEMA (BUPROE-IMBABURA)
PUEBLO SHUAR ARUTAM (PSHA)
MUJERES REVOLUCIONARIAS DE MAIKIUANES
ORGANIZACIÓN DE MUJERES EN RESISTENCIA POR LA NATURALEZA, SINCHI WARMI (RÍO BLANCO-MOLLETURO-AZUAY)
COORDINADORA DE MUJERES INTAG-MANDURIACOS
ASOCIACIÓN DE PROPIETARIOS DE TIERRAS RURALES DEL NORTE DE ECUADOR
COMITÉ DE DERECHOS HUMANOS DE SHUSHUFINDI
RED DE JÓVENES DEL CHOCÓ ANDINO
FRENTE ANTIMINERO PACTO POR LA VIDA, EL AGUA Y LA NATURALEZA
OBSERVATORIO NACIONAL CIUDADANO PARA VIGILAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS DERECHOS HUMANOS Y DERECHOS DE LA NATURALEZA EN REFERENCIA, A LOS PROCESOS MINEROS EN TODAS SUS FASES
ESCUELA DE FORMACIÓN DE MUJERES ORQUÍDEAS AMAZÓNICAS
PUEBLO KICHWA IMANTAG
CENTRO SHUAR SAN LUIS YANTSAS
RED DE MUJERES UDAD (UNION DE AFECTADOS POR ACTIVIDADES DE TEXACO)
COLECTIVA RUNAS FEMINISTAS
ORGANIZACIÓN DE MUJERES INDIGENAS RURALES (WAYUNGA-YACHAY)
NACIONALIDAD SHIWIAR DEL ECUADOR IRUNTDRAMAU
ORGANIZACIÓN DE MUJERES OMSHE
ORGANIZACIÓN DE GUARDIAS INDÍGENAS YUTURI WARMIS – NAPO
UNION DE COMLUNIDADES INDIGENAS CAMPESINAS DE QUICHINCHE (UCINQUE-OTAVALO)
GRUPO DE MUJERES YARISHAYA ITIOMO
ACCIÓN ECOLÓGICA
Fuente:
https://www.saramanta.org/mandato-de-las-mujeres-unidas-en-la-defensa-de-la-vida-frente-a-la-politica-minera-y-petrolera/1043
